Así lo han puesto de manifiesto las distintas personas expertas del ámbito político que han participado en el XIV Conversatorio de FCM, bajo el título ‘Por qué una reforma del artículo 49 de la Constitución Española que no deje atrás a las mujeres con discapacidad’, que ha tenido lugar este miércoles, 15 de diciembre.

 

En concreto, en el encuentro han participado la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Carmen Calvo; la portavoz adjunta en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Popular, María Jesús Moro; la portavoz en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Sara Giménez; el portavoz en la Comisión de Igualdad del Senado del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, Koldo Martínez; la diputada de las Cortes Valencianas por el Partido Socialista, Laura Soler y la periodista y activista por los derechos de las personas con discapacidad, Vicky Bendito.

 

Los ponentes han coincido en señalar que la inclusión del artículo 49 fue un “hito” reseñable en su momento, pero que tanto los términos como la redacción han “perdido toda su vigencia” en el transcurso de los años.

 

“Todos nuestros derechos y libertades se fundamentan en la dignidad humana y, por eso, la reforma debería ser unánime, justa y profundamente comprensiva respecto a la realidad que viven las personas con discapacidad”, ha señalado la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Carmen Calvo, al tiempo que ha insistido en que el objetivo es “integrar, reconocer la plenitud de todos sus derechos, del respeto y de saber que sus proyectos vitales son temas que tienen cabida en nuestra sociedad”.

 

En este sentido, la eliminación del término ‘disminuidos’ de la Carta Magna es “una cuestión de dignidad”, tal y como ha indicado la periodista y activista por los derechos de las personas con discapacidad, Vicky Bendito, para quien, además, “es imprescindible” que el nuevo texto incluya la perspectiva de género con la mención expresa a las mujeres y niñas con discapacidad.

 

En el mismo sentido se ha manifestado la portavoz en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Sara Giménez, que ha calificado la reforma como “totalmente necesaria desde el punto de vista de que el término ‘disminuido’ no se corresponde con la realidad de las personas con discapacidad ni con el resto de avances legislativos que ha habido en este ámbito, y es un término que puede conllevar situaciones discriminatorias”.

 

Así, Giménez ha puesto de relieve la discriminación interseccional a la que se enfrentan las mujeres por su condición de mujer y de persona con discapacidad. Por ello, ha abogado por que el lenguaje inclusivo contemple su realidad y por poner en marcha “medidas específicas para abordar la igualdad real”.

 

Por su parte, el portavoz en la Comisión de Igualdad del Senado del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, Koldo Martínez, ha coincido con el resto de las ponentes en que el cambio de terminología “nos haría caminar en la senda del reconocimiento de los derechos humanos de la mano de la mayoría de la sociedad”.

 

“Cuando decimos ‘ser disminuido’ estamos definiendo a la persona colocándola en inferioridad; sin embargo, con ‘tener una discapacidad’ hacemos referencia en primer término a la persona, con dignidad y todos los derechos, y luego le añadimos esa circunstancia”, ha concluido Martínez.

 

A la importancia que tiene el uso del lenguaje también se ha referido la diputada de las Cortes Valencianas por el Partido Socialista, Laura Soler, quien ha asegurado que “detrás de las palabras se muestra toda la sociedad” y que eliminar ‘disminuidos’ supone “pasar de un concepto de dependencia a uno de autonomía donde las personas con discapacidad sean personas de pleno derecho”. Además, ha dicho, es el momento de “empezar a trabajar desde la perspectiva de género incluyendo también las problemáticas de las mujeres y niñas con discapacidad.

 

Por este motivo, ha instado a los grupos parlamentarios con representación en el Congreso a que alcancen los consensos necesarios para acometer la reforma de la Constitución, ya que es en estas ocasiones en las que “la gente necesita ver que la política está para buscar soluciones y no para crear más dificultades”.

 

A este respecto, la portavoz adjunta en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Popular, María Jesús Moro, ha asegurado estar de acuerdo en cuanto a la necesidad de modificar la Carta Magna y visibilizar a las personas con discapacidad cuando se reforman las leyes y, con mayor motivo, en el caso de las mujeres y niñas con discapacidad.

 

“Nuestro compromiso es inequívoco, vamos a trabajar siempre para que haya un marco de garantía de que no se utiliza a las personas con discapacidad para modificar otros ámbitos de la Constitución”, ha concluido Moro.